El Gobierno Regional actualiza las normas y tablas de Medicina Física y Rehabilitación
A partir del 1 de junio de 2026, entran en vigor nuevas normas que regulan la prestación y el reembolso de cuidados de salud en el área de la Medicina Física y Rehabilitación para los beneficiarios del Servicio Regional de Salud de la Región Autónoma de Madeira (SRS-Madeira). Las medidas fueron formalizadas a través de dos diplomas conjuntos de las Secretarías Regionales de Salud y Protección Civil y de Finanzas.
Acuerdos de Facturación (Ordenanza n.º 190/2026)
Este diploma establece el nuevo clausulado tipo para acuerdos de facturación entre el IASAÚDE, IP-RAM y prestadores privados. Entre los puntos principales destacan:
- Copago: El beneficiario asume un copago del 20% sobre el precio total, siendo el remanente soportado por el IASAÚDE, IP-RAM.
- Libertad de Elección: Se garantiza el principio de libre elección del prestador por el usuario, siempre que este sea adherente al acuerdo.
- Límites de Utilización: Están definidos límites máximos de 5 actos por día y techos anuales de sesiones, conforme detallado en el Anexo I de la ordenanza.
- Revocación: Se revocan los acuerdos anteriores y la Ordenanza n.º 109/2010.
Tabla de Reembolso (Ordenanza n.º 191/2026)
La Ordenanza n.º 191/2026 procede a la actualización de la tabla de reembolso de gastos de salud, buscando una mayor adecuación a la realidad regional y una aproximación a los valores practicados en el Servicio Nacional de Salud. Los aspectos fundamentales incluyen:
- Ámbito: Se aplica a actos prescritos en el sector privado por médicos adherentes a la Convención con el Colegio de Médicos.
- Gestión de Gastos: La nueva tabla introduce límites de utilización para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema.
- Auditorías: El IASAÚDE, IP-RAM refuerza la capacidad de realizar auditorías a los prestadores para garantizar la calidad y la conformidad de los actos facturados.
Ambos diplomas salvaguardan que las requisiciones emitidas antes del 1 de junio de 2026 mantienen la validez de dos meses, rigiéndose por las reglas anteriores. La medida busca promover ganancias en salud y una gestión más eficiente de los recursos públicos.
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